Son acusados por presuntos delitos de robo, ataques a las vías de comunicación y extorsión
Gómez Palacio, Durango.- Tras el operativo realizado la tarde de este miércoles, en la localidad de Dinamita, donde fue desmantelado el campamento que mantenía el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en el exterior de una empresa, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó la detención de 28 personas vinculadas a dicho movimiento.
El mandatario estatal detalló que el líder principal de la organización, Bernardino N. logró escapar, pero ya es buscado por las autoridades. Subrayó que el uso de la «mano dura» en coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, se debe a que el movimiento ha derivado en actos de extorsión, robo y afectaciones a las vías de comunicación. .
Según cifras estatales, existen entre 60 y 70 denuncias formales contra los integrantes de este grupo.
El gobernador subrayó que el conflicto por la planta de cianuro Chemours que motivo la creación del Frente Unido de Pueblos de la Laguna, está legalmente concluido, por lo que la organización «ya no tiene razón de ser».
Los frentistas, mantenían el campamento en el exterior de la empresa de transportes de explosivos, acción que ejercían como una medida de presión, exigiendo una mayor liquidación para 3 trabajadores, que fueron despedidos e indemnizados conforme a ley, sin embargo no estuvieron de acuerdo con el finiquito que les entregaron, por lo que con el apoyo del frente decidieron manifestar su inconformidad.
Al respecto, un grupo de personas que se ostentan como simpatizantes del Frente Unido, se manifestaron este jueves en la presidencia municipal de Gómez Palacio, donde exigían dialogar con la presidenta Betzabe Martínez, para pedirle su intervención ante el gobierno del estado para la liberación de los detenidos, además de apoyo con transporte para que los familiares se trasladen a Durango capital para ver a los detenidos.
El asunto ha levantado ámpula, luego de que este hecho se da a 10 días de que ocurriera una situación similar en el ejido la Aurora, donde el 9 de marzo de hace 3 años también el mismo grupo fue reprimido por la fuerza pública, al incurrir reiteradamente en bloqueos a las vías de comunicación.
Del tema, Fray Raúl Vera López, Obispo Emérito de Saltillo, Coahuila, quien se ha distinguido por el apoyo brindado al Movimiento, mediante un comunicado, exige la presentación con vida y el retiro del todo tipo de cargos de nuestros compañeros del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua
Da a conocer una lista de 32 personas integrantes del Frente que a su decir fueron reprimidas y privadas de libertad mientras protestaban de manera pacífica.
Y exigen a Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General del Estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, Gobernador (PRI) del estado de Durango, y Betzabė Martínez Arango, Presidenta Municipal (Morena) del municipio de Gómez Palacio, Durango, la presentación con vida y el retiro del todo tipo de cargo a las mujeres y hombres integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, que en medio de una protesta pacífica fueron privadas de su libertad y hasta el momento no se ha ofrecido información oficial sobre sus ubicaciones, estados de salud y demás datos que puedan mantenernos con paz y seguridad a las organizaciones que acompañamos su legítima lucha.
En respuesta la Fiscalía General del Estado de Durango, en su comunicado, señala que los días 17 y 18 de marzo recibieron denuncias de apoderados legales de empresas establecidas en el Ejido Dinamita del municipio de Gómez Palacio, Durango, y de una empresa transportista que brindaba servicios a diversas personas morales, en virtud de que personas que se dicen integrantes del Colectivo Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, dirigido por Bernardo “N”, habían bloqueado el acceso a las empresas, invadiendo los caminos para ingresar por la entrada y además, se apoderaron de dos tracto camiones de la empresa transportista.
Cabe señalar que una de las empresas se dedica a la fabricación de explosivos, poniendo en riesgo a los pobladores y propios trabajadores de la empresa, causando además pérdidas económicas de aproximadamente $80,000.00 dólares y 100,000 mil dólares diarios.
Destaca la Fiscalía que dicho colectivo de manera sistemática a estado realizado este tipo de extorsiones con diversas empresas constituidas en la zona, obligando a pagar a ex trabajadores cantidades excesivas no establecidas en la ley, a cambio de retirar los bloqueos y permitirles operar, aun cuando ya habían sido liquidados ante las autoridades laborales o existían procesos laborales y trámites.
Por lo anterior y al encontrarse en flagrancia en la comisión del delito la Fiscalía General del Estado en colaboración con el Mando Especial Laguna, apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Gómez Palacio, acompañados por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la detención de las personas que en ese momento estaban cometiendo ilícitos y evitar continuaran con su comisión y que llegara a suceder un incidente grave derivado de los explosivos que se manejan en la citadas empresas.
Los detenidos se encuentran a disposición del Agente del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo y ataques a la vías de comunicación, por lo que hace al delito de extorsión, se continuará con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
Cabe señalar que adicionalmente algunas de estas personas cuentan ya con orden de aprehensión obsequiadas por el Juez de Control, por diversos hechos delictivos cometidos con anterioridad por los delitos de robo, robo de ganado, ataques a las vías de comunicación, daños por incendio y extorsión.
La Fiscalía General del Estado de Durango reitera su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia para las víctimas asegurando procesos que se ajusten estrictamente a la legalidad y conforme a derecho.
