Niegan cargos por extorsión contra detenidos, organizan reunión con autoridades federales por el caso
Gómez Palacio, Durango.- Integrantes del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio rechazaron las declaraciones de la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso y aseguraron que las 29 personas detenidas por hechos ocurridos en la región en abril de este año, niegan cargos por extorsión.
De acuerdo con la organización, el delito de extorsión no forma parte de la carpeta de investigación. Señalaron que los tres cargos que presuntamente se les imputan son asociación delictuosa, robo equiparado y ataque a las vías de comunicación.
En conferencia de prensa, Hipólito Trujillo Silva, integrante del Frente, informó que actualmente 15 personas permanecen recluidas en el CERESO Número 1 de Durango, mientras que otras 14 enfrentan el proceso bajo arraigo domiciliario.
Señaló que durante la glosa del informe de gobierno, presentada ante el congreso del estado, las declaraciones que hizo la Fiscal son infundadas.
El representante de la organización acusó que las negociaciones con las autoridades se han interrumpido y afirmó que existen cargos que, desde su perspectiva, fueron incorporados de manera indebida al proceso.
Asimismo, cuestionó que la Fiscalía de Durango mantenga a los detenidos bajo estas medidas cautelares, pese a que han transcurrido aproximadamente seis meses desde los hechos que dieron origen al conflicto.
La agrupación también rechazó el señalamiento sobre un presunto robo de tráileres. En contraste, denunció el aseguramiento de nueve vehículos pertenecientes a manifestantes, los cuales, según su versión, fueron retenidos de manera ilegal y por cuya liberación presuntamente se les han solicitado hasta 30 mil pesos.
El Frente sostuvo que el conflicto está relacionado con las acciones que emprendió para defender derechos laborales y de tierras en la zona de Dinamita.
Como parte de las acciones que contempla la organización, el próximo 5 de octubre sus representantes acudirán a la Ciudad de México para reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, donde solicitarán la comparecencia del gobernador de Durango y de la fiscal estatal para abordar la situación jurídica de las personas detenidas.
Además, informaron que la organización de derechos humanos Zeferino Ladrillero asumirá la defensa legal del caso.
Cabe citar que este martes se desarrolló una audiencia constitucional en un juzgado federal de la ciudad de Durango, relacionada con uno de los amparos promovidos por la organización. El objetivo es solicitar un cambio en las medidas cautelares para los integrantes que permanecen en prisión preventiva.