Presentó un punto de acuerdo para que el Órgano Interno de Control del INE y la Auditoría Superior de la Federación investiguen y, en su caso, finquen responsabilidades
Saltillo, Coahuila.- El diputado local Gerardo Abraham Aguado Gómez presentó, junto con las y los integrantes del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo en el que solicita se investiguen a fondo las denuncias por presuntos actos de corrupción vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Renunciar no es rendir cuentas. La salida de Guadalupe Taddei no puede convertirse en un carpetazo. Las autoridades deben esclarecer quién autorizó los contratos, quién se benefició, qué servidores públicos intervinieron y si existieron conflictos de interés, simulación o triangulación de recursos”, declaró Aguado.
El punto de acuerdo plantea que el Congreso de Coahuila exhorte al Órgano Interno de Control del INE y a la Auditoría Superior de la Federación para que, dentro de sus atribuciones, realicen las investigaciones correspondientes y, si los hechos se acreditan, finquen responsabilidades a todas las personas involucradas.
El legislador subrayó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales faculta al órgano de control para conocer de infracciones administrativas cometidas por la presidencia y las consejerías del Instituto.
El punto de acuerdo retoma investigaciones periodísticas que han señalado una relación cercana entre Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con empresas proveedoras del INE, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg.
También refiere posibles nexos entre colaboradores del Instituto y dichas compañías, además de videos difundidos públicamente sobre encuentros privados con uno de los contratistas. Aguado precisó que estos señalamientos deben verificarse con pruebas, debido proceso y una revisión independiente.
“No estamos pidiendo una sentencia anticipada. Estamos exigiendo una investigación real. Si no hubo irregularidades, que se demuestre con documentos; si las hubo, que haya consecuencias para funcionarios, particulares y proveedores. La renuncia no extingue posibles responsabilidades”, afirmó.
El diputado sostuvo que el caso rebasa la conducta de una sola funcionaria porque golpea directamente la credibilidad de la autoridad encargada de organizar las elecciones. A menos de un año de los comicios de 2027, dijo, el INE necesita recuperar la confianza ciudadana y garantizar que su conducción no responda al gobierno ni a ningún partido político.
“Este escándalo le dio en la torre a la confianza ciudadana en el árbitro electoral. La elección puede realizarse conforme al calendario, pero su legitimidad se debilita si millones de mexicanos dudan de la imparcialidad de quien la organiza. Por eso importa investigar lo ocurrido y también cuidar quién encabezará al INE”, expresó.
Finalmente, Gerardo Aguado afirmó que las investigaciones deberán responder por qué los controles internos no detectaron oportunamente las posibles irregularidades, qué participación tuvieron servidores públicos y proveedores, qué sanciones procederían y qué medidas se adoptarán para impedir que una situación similar se repita.
“El INE no le pertenece al gobierno ni a los partidos; le pertenece a los ciudadanos. Defenderlo exige limpiar cualquier sombra de corrupción, sancionar a quien resulte responsable y asegurar un relevo verdaderamente independiente”, concluyó.