Torreón, Coahuila.- Este miércoles, en sesión conjunta de la Comisión de Gobernación y Reglamentación, con la de Derechos Humanos e Igualdad de Género, y la de Seguridad Pública, se aprobaron por unanimidad diversos protocolos de actuación policial.
Entre las disposiciones revisadas, destaca el Protocolo de Actuación para elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en solicitudes de apoyo o auxilio de la fuerza pública para la ejecución de diligencias judiciales.
Este protocolo establece que la función policial será únicamente de carácter auxiliar, sin intervención en el manejo de bienes. También contempla un esquema gradual de uso de la fuerza, comenzando por la sola presencia de la autoridad; se incluyen medidas específicas para proteger a grupos vulnerables, se garantiza el respeto al debido proceso, y se prohíbe estrictamente la difusión de datos personales o imágenes de las personas involucradas.
En caso de quejas o violaciones a los derechos humanos, estas serán canalizadas a la Unidad Municipal de Derechos Humanos.
También fue aprobado el Protocolo de Actuación Policial ante multitudes, el cual busca garantizar el orden público y la seguridad, priorizando siempre la integridad de las personas y el respeto a sus derechos.
Establece la coordinación entre autoridades para la supervisión de marchas y concentraciones, con un enfoque preventivo que incluye la identificación y aislamiento de personas con actitudes agresivas, así como la comunicación permanente con organismos de derechos humanos.
También se contempla la protección de inmuebles públicos y privados vulnerables, y se prevé tanto la planeación previa, como la intervención inmediata en situaciones emergentes. Ante posibles disturbios, se priorizará el diálogo y la advertencia verbal, seguido de un uso progresivo y no letal de la fuerza, solo en caso de violencia, y siempre en coordinación con el C4 y otras corporaciones pertinentes.
Finalmente, se aprobó el Protocolo Municipal de Actuación Policial en Marchas en Pro de los Derechos de las Mujeres, cuyo eje central es la protección tanto de manifestantes como del personal policial.
Este protocolo incorpora formación especializada en derechos humanos y perspectiva de género para los agentes. Además, dispone que los operativos deben contar con mujeres en la primera línea de actuación, prohíbe el uso de armas en marchas pacíficas, y permite detenciones únicamente en casos de flagrancia debidamente documentados en video o fotografía.
Se contempla también la protección a defensoras de derechos humanos, periodistas y observadores presentes en las movilizaciones.
Posterior a cada manifestación, se prevé la elaboración de informes, la evaluación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, la canalización de demandas sociales a las autoridades correspondientes y el retiro del operativo policial únicamente con autorización expresa.
Dichos protocolos serán presentados para su análisis, discusión y aprobación en la próxima sesión de Cabildo.
La Comisión de Gobernación y Reglamentación es presidida por Natalia Guadalupe Fernández Martínez, mientras que la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género es presidida por Jennifer Miroshlava Muñoz Rivas.
La Comisión de Seguridad Pública es presidida por Sergio Lara Galván