La ley en el estado ya contiene la prohibición del castigo corporal
Especial / Reporte Laguna
Saltillo, Coahuila .-
El gobierno del estado de Coahuila, a través de la secretaria de inclusión y desarrollo social y por medio del sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (sipinna), impulsa la erradicación del castigo corporal.
Teresa Araiza Llaguno, titular de sipinna, señaló, en Coahuila la ley de familia y en la ley del sistema para la garantía de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ya contiene esta prohibición del castigo corporal.
“muchas personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, como mamás, papás, docentes y personal de las instituciones, continúan normalizando el uso del castigo corporal para educar. Sin embargo, usar de cualquier forma de violencia en su contra es injustificable y vulnera los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Además, afecta su vida en todos los ámbitos: físico, emocional, cognitivo y social”, señaló.
Agregó que actualmente se trabaja en la armonización de la ley coahuilense con las últimas reformas propuestas en el senado a nivel nacional.
Señaló que los castigos corporales o físicos son actos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, en los que se usa la fuerza física, como golpes con la mano u otro objeto, empujones, pellizcos, mordidas, jalones de cabello u orejas, quemaduras, obligarles a mantener posturas incómodas o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
En coahuila, ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes es ilegal y se debe erradicar.
En cambio, explicó, la crianza positiva y el buen trato generan apego seguro, empatía, habilidades, conocimientos y comportamientos sociales altruistas en niñas, niños y adolescentes; además les permiten manejar mejor los deseos y las frustraciones, desempeñarse socialmente y desarrollar una identidad individual y social.
Araiza llaguno, señaló que es necesario un cambio social y cultural para erradicar en definitiva cualquier práctica violenta que atente contra la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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