Ante desacato abogado promueve incidente ante órganos jurisdiccionales
#Staff / @Reporte Laguna
Gómez Palacio, Durango.-
Pese a contar con un amparo para la vacunación contra el Covid, de sus dos menores hijas, una de ella con Síndrome de Down, Fernando Morales, sólo ha recibido negativas parte de la Dirección Regional de Bienestar, con sede en Gómez Palacio, dependencia federal que está al frente de la organización de las jornadas de vacunación.
Ante el desacato, iniciarán un incidente ante los órganos jurisdiccionales y se dará vista al Ministerio Pública Federal, quienes se encargarán de interponer las sanciones correspondientes.
Fernando Morales acompañado por su abogado Ricardo Hernández, comentó que fue el martes pasado que se entrevistó con el director regional de Bienestar Lorenzo Blanco, quien le aseguró que sería el viernes pasado, cuando sus hijas serían vacunadas, siempre y cuando no convocará a la prensa.
“Nos puso como condición que no lleváramos a los medios y sí se los vacuno el viernes”, comentó Morales, señalando que ellos confiaron en su palabra.
Incluso reveló que un día antes, es decir el 7 de octubre, acudió al punto de la expoferia para conocer la mecánica de cómo sería la aplicación de la vacuna: “nos entrevistamos con el encargado de la Secretaría de Salud, de la Sedena y de Bienestar Misael Ramírez, coordinador de brigada Correcaminos, desde que llegamos mostró la negativa de vacunar a las niñas, nos dijo que no las iba a vacunar tajantemente”, recordó Morales.
Por la tarde, Morales recibió una llamada de quien se presentó como el enlace entre la oficina de Lorenzo Blanco y la Sedena, para informarle que no se daría atención a su amparo y que “hiciera lo que quisiera”.
“La razón que nos dio que al parecer que tienen órdenes del Gobierno Federal de que ningún amparo proceda, que detengan los amparos, y la otra fue que el decidió no vacunarlas fue el coronel Agustín Paz, que es de Durango, encargado de la vacunación y dijo que no las iba a vacunar, que hasta que él dijera, nos iban a hablar”. Detalló, el padre de las menores.
De acuerdo con el abogado, ante tales negativas, se violenta el Artículo 262 de La Ley de Amparo, que contempla sanciones que van desde prisión hasta la destitución de 3 a 9 años para desempeñar cargo, empleo o comisión pública. Reiteró que ellos promoverán un incidente ante los órganos jurisdiccionales y se le dará cuenta al Ministerio Público federal para que inicie la investigación. “La determinación tiene la discrecionalidad de qué sanción puedan imponer, que puede ser desde un apercibimiento para que se cumpla o dichas sanciones”, explicó.
Édgar Morales Garfias, delegado de Bienestar en Durango, por su parte aseguró que se atenderán los amparos o suspensiones que se presenten, previa valoración médica por parte del ejército.