Por Rafael Olivares García
Todos queremos agua en la región desértica de La Laguna pero no se trata de extender un cheque en blanco a los gobiernos como acaba de suceder.
El Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental (CEDeG) solicitó vía transparencia a la Comisión Nacional del Agua, los puntos más elementales que debe contener cualquier proyecto gubernamental y la respuesta fue la esperada, sólo hay un esbozo general, sin proyectos específicos, presupuestos definidos, ni mecanismos de medición de avances y resultados.
Lo anterior a pesar de la “búsqueda minuciosa y exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos”, según reza la respuesta emitida por la dependencia federal.
Concluyo que hay, pues, un cheque en blanco por 11 mil 252 millones de pesos.
El documento recibido establece que hay 1 objetivo, que no es un objetivo propiamente de acuerdo a los elementos que debe contener y 7 líneas estratégicas de acción que en realidad son seis.
Los presupuestos asignados no cuentan con un diagnóstico específico que permita saber en qué se va a gastar y cómo vamos a saber si el gasto cumplirá el objetivo esperado. Tampoco se encuentran alineados en una planeación operativa y presupuestal.
Por ejemplo, se invertirán 1,769 millones para obras y acciones para la tecnificación y el mejoramiento de la eficacia del riego agrícola. ¿Cómo llegaron a esa cantidad? ¿Hay un estudio específico? ¿Qué obras realizarán? ¿Qué tecnologías aplicarán, en dónde y a quiénes? ¿Qué cantidad de agua se ahorrará con esa inversión?
La carencia de información elemental permite pensar que es una bolsa para ir apaciguando a quienes se manifiesten en contra del proyecto en una dinámica de “como veo doy” sin una planeación e indicadores que permitan sacar el mayor provecho a ese recurso.
Lo mismo sucede con los 929 millones destinados a obras y acciones de mejoramiento de eficiencia física y comercial de organismos operadores. ¿Cuánto corresponde a cada municipio? ¿Qué porcentaje corresponde a la sustitución de líneas de conducción y cuanto para fortalecer la cobranza? ¿En dónde está el diagnóstico monetizado de cada municipio, procesos, tiempos, etc.?
Sin la información básica y elemental, sustentada y proyectada, no tenemos la certeza de que los 11 mil 252 millones de pesos serán suficientes, manejados con eficiencia, transparencia, honradez y sobre todo que se alcanzarán los objetivos (¿?) para los cuales fueron destinados, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Mexicana.
Ahora toca a la sociedad civil organizada el exigir que las autoridades correspondientes, de los ámbitos federal, estatal y municipal, que presenten un proyecto serio, sustentado y que pueda ser sujeto de supervisión y seguimiento por parte de los ciudadanos.