Operativos detectan venta ilegal de agua en Lerdo
Gómez Palacio, Durango.- La clausura de pozos continúa intensificándose en la Comarca Lagunera como parte de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para combatir la extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico. Juan Gabriel Riestra Beltrán, director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, informó que ya suman cerca de 30 aprovechamientos clausurados en la región.
Reveló que actualmente la Conagua mantiene dos denuncias penales en proceso relacionadas con el uso indebido del agua, aunque por el avance de las investigaciones evitó ofrecer mayores detalles.
El funcionario explicó que los operativos se desarrollan de manera coordinada en distintos acuíferos de La Laguna y advirtió que cualquier persona que robe agua o haga un uso indebido del recurso enfrentará la clausura definitiva de su pozo, además de las sanciones que establece la legislación vigente.
Riestra Beltrán detalló que uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de Lerdo, donde fue clausurado un pozo utilizado para el llenado de pipas dedicadas a la venta de agua. Con esta acción, ya son nueve los pozos asegurados en la región como resultado de los operativos de inspección.
Precisó que la clausura se realizó debido a que el agua extraída era comercializada, una práctica que ya no está permitida tras las modificaciones a la legislación en materia de aprovechamiento del recurso hídrico.
El titular del organismo señaló que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para proteger los acuíferos de la región y evitar el uso irregular del agua, especialmente durante el periodo de alta demanda.
El director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte indicó que gran parte de los pozos irregulares han sido ubicados gracias a denuncias ciudadanas, inspecciones de campo y labores de seguimiento a las pipas que distribuyen agua.
Explicó que Conagua cuenta con brigadas especializadas que monitorean el recorrido de las unidades para identificar los puntos donde se abastecen y verificar si la extracción del agua se realiza conforme a la ley.
Riestra Beltrán aclaró que las acciones no están dirigidas contra los municipios ni contra los operadores de las pipas, ya que el objetivo es impedir la comercialización ilegal del recurso. Señaló que la responsabilidad recae en los propietarios de los pozos que permiten la extracción para su venta.
Finalmente, advirtió que quienes incurran en estas prácticas pueden enfrentar multas de hasta 1.5 millones de pesos, además de denuncias penales en los casos de reincidencia o cuando así lo ameriten las investigaciones.
