Exigen justicia para mujeres violentadas por funcionarios de Madero y Matamoros

Ante la indiferencia de los alcaldes Jonathan Ávalos y Horacio Piña

Víctor Barrón / Reporte Laguna

Torreón, Coahuila.-

Al referirse a los dos casos de jóvenes violentadas por funcionarios municipales de Francisco I. Madero y Matamoros, Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento en el Instituto Incide FEMME, señaló la necesidad de que instancias estatales intervengan para que se haga justicia y reparación del daño a las víctimas, toda vez que los agresores han recibido la protección en ambas alcaldías.

En rueda de prensa, Lamont Martínez acompañó a Natalia y Mirna, quienes denunciaron públicamente las situaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral y hasta violencia digital de la que han sido víctimas, ante la indiferencia de los alcaldes Jonathan Ávalos y Horacio Piña.

Natalia, empleada del SIMAS de Matamoros, señaló de acoso sexual y tocamientos al encargado de Recursos Humanos del organismo, Aldo Salinas Rodríguez, situación que inició en noviembre de 2020; el caso fue denunciado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres con sede en ese municipio.

Por otra parte, Mirna, quien laboraba en la Dirección de Seguridad Pública de Madero y fue despedida luego de denunciar al jefe policiaco José de Jesús Sánchez Frayre por acoso sexual, además de difamarla asegurando que la joven sostenía relaciones íntimas con agentes de la corporación.

Agregó que el funcionario también les solicitó a los agentes conseguir material en video y fotografías que la exhibieran en situaciones sexuales; además, el acoso se trasladó al ambiente de las redes sociales, donde también ha sido víctima de acoso y agresiones.

Ariadne Lamont opinó que la situación que enfrentan las dos víctimas las remonta a entornos como el del Siglo XIX, época en la que no existía el marco de protección actual y consideró que el mensaje que se envía con todo esto es que si una mujer es violentada en su ambiente laboral, será ella la que pierda el trabajo si el agresor es un funcionario público.

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