Buscará evitar afectaciones a la economía familiar
Gómez Palacio, Durango.- El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, advirtió que la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral podría abrir la puerta a incrementos de hasta 500 por ciento en el impuesto predial, lo que, de concretarse, representaría una afectación considerable para la economía de las familias duranguenses.
Ante este escenario, el mandatario estatal informó que su administración analiza la posibilidad de promover un juicio de amparo con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con las atribuciones y la autonomía de los municipios.
Villegas Villarreal señaló que primero esperarán a conocer el contenido definitivo de la disposición y revisarán sus alcances legales antes de tomar una decisión sobre las acciones que podrían emprender.
El gobernador consideró que un aumento de esta magnitud sería difícil de afrontar para los contribuyentes, especialmente porque los ajustes anuales al impuesto predial suelen estar relacionados con actualizaciones inflacionarias que, de acuerdo con su declaración, generalmente son inferiores al cinco por ciento.
En ese sentido, sostuvo que multiplicar hasta cinco veces el monto actual del impuesto podría generar una presión económica importante para los hogares, por lo que llamó a revisar las implicaciones de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral antes de su eventual aplicación.
“Ojalá que no lo aprueben, pero si lo hacen podemos meter un amparo por el 115 constitucional, que es el que señala que los municipios y estados son libres y soberanos”, expresó el mandatario estatal.
Villegas Villarreal indicó que también analizarán el alcance de la disposición para determinar si su aplicación sería obligatoria o dependería de la decisión de cada gobierno municipal.
Explicó que, aunque existen versiones de que la medida podría quedar a criterio de los ayuntamientos, considera necesario revisar cuidadosamente el documento para establecer qué facultades tendrían las autoridades locales.
“Como estado, vamos a ver para que por lo menos nuestros alcaldes no lo apliquen porque sería un golpe muy fuerte para la economía de las familias”, reiteró.