IG LA COLUMNA + Los priistas estuvieron de fiesta + La lectura sobre la impugnación + Alfonso Cepeda avaló Ley de 2007 + Y Arturo Díaz pierde amparo

Por Isidro García

En la Hacienda La Palmilla, ubicada al norte de Saltillo, se congregó este jueves la clase política del PRI, a convocatoria del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Los representantes de esa clase política, se trasladaron en el transcurso de la mañana y del mediodía a la capital saltillense para acudir a la cita.

Por la mañana de este jueves, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Torreón la inauguración de los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores y de inmediato se regresó a Saltillo.

Invitados muchos, pero no todos. Entre los invitados los que ganaron la elección del 7 de junio, entre candidatos, dirigentes partidistas, operadores y demás. También, funcionarios estatales y municipales.

Los invitados son quienes están dentro del proyecto del mandatario estatal.

El 7 de junio, el PRI ganó las 16 diputaciones locales en disputa, mientras que Manolo Jiménez cumplió años el 12 de junio (42).

La celebración fue por una cosa u otra, o ambas.

La fiesta de este jueves se da mientras que están en proceso las impugnaciones de Morena y del Partido del Trabajo (PT) sobre los resultados de la elección del 7 de junio.

La lectura sobre la impugnación es que todo apunta a que el PRI confía en que la impugnación será improcedente.

El lunes que estuvo en Torreón, donde encabezó el Panel de Seguridad Municipal y ceremonia de colocación de la primera piedra de una inversión privada, el mandatario habló sobre las impugnaciones.

Jiménez dijo que la Alianza PRI/UDC ganó por casi 400 mil votos de diferencia y más de 30 puntos porcentuales.

“Están fuera de sí”, señaló el gobernador de Coahuila, quien calificó como “patadas de ahogado” las impugnaciones promovidas por Morena y el PT.

Manolo insistió en que la jornada electoral se desarrolló en paz, se instalaron la totalidad de las casillas y se tuvo una participación ciudadana superior al 51 por ciento.

Alfonso Cepeda Salas estuvo de acuerdo con las cuentas individuales de los trabajadores de la educación, es decir, al no oponerse, avaló la Ley del ISSSTE del 2007.

El ahora líder nacional del SNTE fue parte del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato cuando se aprobó esa ley.

Para mayores señas, Cepeda Salas fue, de 2004 a 2011, Coordinador del Colegiado Nacional de Organización del SNTE.

Es decir, el dirigente magisterial formó parte primero de la dirigencia nacional encabezada por Rafael Ochoa Guzmán y luego de la presidida por Juan Díaz de la Torre.

Más claro ni el agua. El mismo que dice estar peleando por la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, es el mismo que avaló esa ley. El verdugo de ayer dice que quiere ser el vengador de hoy.

Dato mata relato.

El maestro Ismael Aníbal González Mata ha dado a conocer en sus redes sociales que el secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González, ha perdido el amparo y por ello está obligado a dar información, es decir, se le acabó el silencio a la Sección 35.

Esto dice González Mata:

“La justicia federal ha hablado y no hay marcha atrás. El Juzgado de Distrito ha dictado un golpe definitivo a la opacidad y la negativa de entregar información dentro del Expediente 279/2026.

Como consta formalmente en la notificación oficial con fecha del 12/06/2026, LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Esto significa que Arturo Díaz y la Sección 35 han PERDIDO el amparo de forma inapelable y están obligados a romper el silencio administrativo.

¿Qué pasa si Arturo Díaz insiste en desacatar la orden del Juez Federal? Decir ‘no quiero dar información’ hoy tiene consecuencias penales y administrativas gravísimas:

1. MULTAS ECONÓMICAS INMEDIATAS: Se aplicarán sanciones que van desde los 100 hasta los 1,000 días de UMA directamente al bolsillo de los responsables por cada omisión.

2. EL SUPERIOR JERÁRQUICO AL BANQUILLO: La ley obliga a que sus superiores actúen; de lo contrario, se convierten en cómplices del desacato y reciben las mismas sanciones.

3. DESTITUCIÓN FULMINANTE: La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados tienen la facultad constitucional de separar inmediatamente de su cargo a Arturo Díaz por desacatar una sentencia de amparo.

4. PRISIÓN POR DESACATO: Con base en el artículo 267 de la Ley de Amparo, el desacato es un delito federal que se castiga con penas de prisión e inhabilitación para volver a ejercer cualquier cargo público.

La opacidad no puede estar por encima de la ley. El amparo se ganó, la sentencia es firme y el cumplimiento es obligatorio”.

Hasta aquí el reporte de González Mata.

Dato mata relato.

Nos leemos el lunes si Dios quiere.

EMAIL: isidro.garcia.reportelaguna@gmail.com

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