Reporte Laguna / El Demócrata
Tamaulipas.-
El Congreso de Tamaulipas aprobó este martes nuevas reglas para declarar la procedencia o no del desafuero de gobernadores, diputados locales y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Con estas modificaciones, los legisladores de Tamaulipas buscan poner un freno al procedimiento que ya inició en el Congreso federal en contra del actual gobernador tamaulipeco, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) pide desaforar para poder proceder penalmente en su contra por los posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.
La iniciativa de reforma fue leída por la diputada del PAN Karla Mar Loredo y, según se aprobó, ahora el Congreso local tendrá la decisión final sobre un eventual desafuero de García Cabeza de Vaca, independientemente de lo que dictamine la Cámara de Diputados.
El documento obtuvo 24 votos a favor, de diputados de PAN, PRI y MC; nueve votos en contra, la mayoría de Morena, y dos abstenciones.
Con estos cambios, la decisión de desaforar al gobernador García Cabeza de Vaca, si así lo aprueba el Congreso federal, quedaría en manos del Congreso local, actualmente con mayoría del PAN.
«Es claro que las autoridades federales, Cámara de Diputados y Ministerio Público federal, no tienen facultad expresa, exclusiva, constitutiva de situaciones jurídicas ni determinantes para desaforar a un servidor público local (…) Por el contrario, solo tienen la facultad declarativa, comunicativa y parcial que debe completarse con una decisión constitutiva de la Legislatura local para desaforar», señaló la diputada Mar Loredo.
De acuerdo con la iniciativa, se busca que la decisión de someter a proceso penal o no a los funcionarios recaiga exclusivamente en el Congreso del estado, pues, según se argumentó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado ya que el fuero es un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos de alto rango, para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento de opositores políticos y mantener el equilibro entre poderes.
Lo aprobado establece que, una vez que el Congreso del estado reciba la notificación de la Cámara de Diputados para proceder penalmente contra diputados locales, magistrados o el gobernador, se procederá a sustanciar el procedimiento de homologación para determinar la existencia de un hecho constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos.
En caso de que el Congreso local recibiera la declaración de desafuero de García Cabeza de Vaca por parte de la Cámara de Diputados, se sometería el acuerdo a votación del pleno de forma inmediata o se convocaría a sesión con ese fin.
Las partes podrían ofrecer pruebas para la acusación o la defensa. «La Comisión Instructora deberá revisar todas las promociones de las partes y determinar a través de un acuerdo por mayoría absoluta si hay lugar o no a proceder penalmente en contra del inculpado o si deba ponerse a disposición del Ministerio Público», se informó.
En caso de que el gobernador fuera separado del cargo, el Congreso local elegiría de inmediato a un sustituto mientras corriera el proceso penal.
El diputado Arturo Soto, del PAN, defendió este cambio y aseguró que no representa «el hilo negro». Según argumentó, se trata del mismo reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2004, cuando se discutió el desafuero del entonces jefe de gobierno y hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Congreso de Tamaulipas ‘blinda’ al gobernador ante posible desafuero