Víctor Barrón / Reporte Laguna
Torreón, Coahuila.- Una nueva modalidad de fraude y extorsión ligada a las ventas por medio de vales, es de la que aseguró ser víctima la ciudadana María Mayela Gamboa en la ciudad de Torreón, quien señaló que su firma habría sido falsificada por un despacho de cobranza que inició en su contra un juicio mercantil por negativa de pago de un supuesto adeudo de 100 mil pesos.
Narró la afectada que, derivado del proceso legal que inició en enero de 2025, la Juez de Primera Instancia en Materia Mercantil ordenó un embargo de bienes que garanticen el pago de la deuda, esto en contra de un aval, cuya firma también habría sido falsificada.
María Mayela detalló que entre 2020 y 2023 se desempeñó como distribuidora de vales de una empresa dedicada a la fabricación y venta de calzado, terminando su vínculo sin dejar pagos pendientes.
No obstante, a finales de 2024, un supuesto gestor de la empresa en cuestión, se presentó en su domicilio pidiendo liquidar un rezago que, sumados los gastos de cobranza, daba un total de 5 mil pesos.
Ante la confusión, la afectada accedió a dar la cantidad de mil pesos como un pago inicial ante el supuesto representante jurídico y posteriormente se acercó a cruzar datos con la empresa como medida de precaución y ahí se le informó que no existía adeudo alguno a su nombre.
Pero el hostigamiento por parte de los abogados que afirmaban haber comprado una cartera de rezagos con la empresa, continuó durante diciembre de 2024 y fue a inicios del presente año cuando María Mayela fue demandada por el adeudo de 100 mil pesos.
Durante el proceso, detectó que fue falsificada tanto su firma, como la de una persona a la que había recurrido como referencia para iniciar el negocio de distribución de vales y a quien por medio de probables documentos apócrifos se le identificó como aval de la afectada.
Por ese motivo, la víctima inició un proceso penal contra dos abogados y contra quien resulte responsable de la comisión del delito de falsificación de firma y alteración de documentos oficiales, por lo que el Ministerio Público solicitó la suspensión del proceso para impedir la acción de embargo programada con fecha del lunes 13 de octubre, petición que fue rechazada por la juez.
María Mayela aseguró que actualmente existen al menos tres denuncias más ante la Fiscalía General del Estado por casos similares, en uno de los cuales se habría falsificado incluso la firma de un aval ya fallecido.
Lo anterior, consideró la afectada, pondría en evidencia un modus operandi en el que estarían implicados trabajadores del área jurídica de la empresa, quienes tienen acceso a los expedientes de mujeres que fungieron como distribuidoras de vales y que, presumiblemente sin conocimiento de los dueños de la compañía, están en contubernio con abogados externos para dañar el patrimonio de las ciudadanas que trabajaban con los vales.
