No están de acuerdo con ajustes a las jubilaciones
Gómez Palacio, Durango.– Un grupo de personas jubiladas y pensionadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestó este miércoles frente a las instalaciones de la paraestatal, ubicadas sobre el bulevar Miguel Alemán, en rechazo a los efectos del decreto de reforma al artículo 27 constitucional, el cual —aseguran— genera incertidumbre en torno a sus ingresos y derechos adquiridos.
Los inconformes señalaron que, aunque la reforma recientemente aprobada se vincula con topes salariales del servicio público, existe confusión sobre su aplicación directa en pensiones y jubilaciones, lo que ha encendido alertas entre el sector.
José Luis Hernández y Pedro Cañedo, voceros del movimiento, explicaron que el descontento surge a partir del decreto que establece que ningún servidor público o jubilado debe percibir más de la mitad del salario de la Presidenta de la República. Sin embargo, indicaron que no se han definido con claridad los montos específicos ni la forma en que se aplicarán los ajustes.
Los manifestantes recalcaron que sus pensiones no deben considerarse privilegios. “No son pensiones doradas, son derechos ganados conforme a la ley y al contrato colectivo”, expresaron durante la protesta, al tiempo que señalaron que la falta de información oficial genera preocupación sobre posibles reducciones en sus ingresos.
Asimismo, advirtieron que podría estarse vulnerando el principio de no retroactividad establecido en la Constitución, al pretender aplicar cambios a beneficios previamente adquiridos.
Durante la jornada, los voceros confirmaron que se prepara una movilización nacional programada para el próximo 17 de abril, con el objetivo de defender las prestaciones laborales del gremio ante lo que consideran un impacto negativo del decreto de reforma al artículo 27 constitucional.
Indicaron que actualmente desconocen cuándo y en qué medida podrían reflejarse los ajustes en sus pensiones, debido a que aún faltan leyes secundarias que definan la implementación del decreto.
En la región Laguna, estimaron que alrededor de 300 jubilados y pensionados de la CFE podrían verse afectados por estas modificaciones. Finalmente, advirtieron que, de aplicarse en los términos actuales, la reforma podría tener implicaciones en materia de derechos humanos, especialmente al tratarse de personas adultas mayores.
