Víctor Barrón / Reporte Laguna
Torreón, Coahuila.- Madres de familia exigieron la destitución o cambio de la jueza penal Karla Mayela Bustos en el municipio de Torreón, al señalar que no es un figura apta para llevar procesos que involucran a menores de edad.
La primera de ellas es la señora Carolina Ramírez, mamá de la pequeña Mili, quien fue agredida por su padrastro y falleció a causa de la gravedad de las lesiones en 2019, en el municipio de Matamoros.
Derivado de los hechos, su ex pareja Eduardo Saldaña Medina fue sentenciado a 23 años y nueve meses de prisión por el delito de feminicidio en abril de 2021, lo que generó inconformidad en Carolina por no dictarse la pena máxima que en ese entonces era de 50 años de cárcel.
«No acepta nuestras pruebas al 100 por ciento, siempre las minimiza, por ejemplo en mi caso (…) ella todas las pruebas las minimizó, dijo que no eran lo suficientemente fuertes para poder tomar o tener una sentencia más elevada», expresó la afectada.
Y después de solicitar el recurso de apelación en agosto de 2021, finalmente en la segunda instancia en 2023, la jueza aumenta la sentencia a 42 años y seis meses
Carolina señaló que durante el proceso, la jueza también abrió una carpeta en su contra por omisión de cuidados y amagó con dictarle una medida de apremio por desorden en las audiencias, ya que había sido acompañada por medios de comunicación, familiares y gente allegada que esperaba saber la resolución del caso.
Por otro lado, Janeth Magaly, madre de un menor de edad que fue víctima de violación, agresiones y amenazas por su padre biológico entre 2019 y 2022 en Torreón, y cuyo proceso sigue en curso, señaló que la jueza Karla Mayela Bustos excluyó la prueba proctológica que confirma el ataque sexual, esto al argumentar que no se presentó la documentación necesaria y únicamente se incluyó un parte médico.
«Ella no sé a qué documento se refiera, si en la etapa intermedia no se pueden presentar las fotografías, sino lo único que se puede presentar es el testimonial del médico», manifestó.
Y en ese contexto, dijo que existe la incertidumbre de que las citadas pruebas finalmente no sean consideradas para una posible sentencia en la audiencia programada para septiembre del presente año.
Finalmente, las entrevistadas exigieron penas más duras para los responsables de este tipo de delitos y que se imparta justicia sin trabas en los casos donde se atenta contra la integridad de menores de edad.
