Exige Contraloría Ciudadana del Agua, que se cumpla con la asignación de más recursos para la tecnificación de riego por ASL

Piden se destinen 1,500 mdp que faltan por ejercer

Gómez Palacio, Durango.-Este martes, fue suspendida una reunión que se llevaría a cabo entre representantes de los campesinos organizados y personal del organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a las inundaciones registradas en el edificio donde los martes de cada semanas sostienen este encuentro, el cual se reprogramo para la próxima semana.

El principal tema a abordar es el de exigir a las autoridades federales que se cumpla con el compromiso de destinar los mil 774 millones de pesos prometidos para la tecnificación del riego para los campesinos del sector social, como parte del programa Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Elizabeth Estrada Macías, representante de la Contraloría Ciudadana del Agua recordó que desde que inició el programa, sólo se han destinado 190 millones, y para el próximo año no se considera recurso alguno de los cerca de 6000 millones de pesos, propuestos para este magno programa, pero todos destinados a las obras del proyecto.

“Hacemos un llamado al gobierno federal, al director de la Conagua y a José Antonio Zamora, que también es el responsable de Agua Saludable para la laguna, para que se atienda el tema de la tecnificación”, acotó Estrada Macías.

En entrevista realizada en Gómez Palacio, la vocera de la Contraloría Ciudadana del Agua, reiteró que faltan destinar alrededor de 1,500 millones de pesos, “desafortunadamente no están contemplados y por ello hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se consideren”. Apunto.

La activista advirtió que los campesinos del sector social se encuentran molestos por esta situación, por lo que a finales de octubre se valorarán las medidas tomar en caso de que no se defina un techo financiero a la tecnificación del campo.

Al final agregó que a la par, se mantiene la exigencia en el Senado para que se apruebe una nueva Ley General de Aguas Nacionales, en la que se destaca el nuevo paradigma para clasificar al agua como un bien común y no como mercancía.

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